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Por M.D.F. Rosendo Rosas Goiz/
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“La ilegalidad no puede engendrar derecho...” esta frase la escuché en infinidad de maestros durante el estudio de mi maestría en Derecho fiscal, también la he leído a bastantes autores cuando en sus libros comentan este punto con suficiente énfasis.
Sé estos principios rectores en materia fiscal desde hace ya muchos años.
· La autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite. · Los escritos de las autoridades deben contener la firma del funcionario competente. · Los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. · La comunicación entre las autoridades y el contribuyente está prohibida. · Cualquier escrito que se quiera presentar ante las autoridades debe ser recibido por que es una garantía constitucional denominada “derecho de petición.” · Las autoridades son “servidores públicos” y deben atendernos con dignidad y respeto. · Si se presenta una solicitud ante las autoridades y esta va incompleta o en el formato indebido, la autoridad proporcionará el formato debido o solicitará al contribuyente para que subsane su escrito.
Llevo 19 años atendiendo a las autoridades fiscales, presentando promociones y trámites. Siempre les he mostrado un profundo respeto y me he dirigido a ellas con educación. Pero resulta muy frustrante ser víctima de la prepotencia de las autoridades y de la ilegalidad de sus actos.
GARANTIA DEL INTERES FISCAL.
No sé si la autoridad fiscal actualmente tenga la consigna de cobrar a como de lugar, considero que el acto que más problemas causa es la negativa de aceptación de la garantía del interés fiscal, o más aún cuando una vez que se ha presentado el escrito para garantizar el interés fiscal la autoridad ejecutora misteriosamente no ha recibido el documento que se presentó en oficialía de partes, cuando son del mismo departamento. Los sellos fiscales que tienen los escritos, el avalúo, el pago de los gastos de ejecución no sirven para nada porque el ejecutor dice que a como de lugar cobren o embarguen.
Leí en algún artículo hace ya algún tiempo, que cuando un servidor público solicite el pago de algún crédito que sepa que no es debido, comete el delito de CONCUSIÓN, previsto en el Código Penal Federal. Yo no soy abogado pero el día de hoy buscando acerca de ese delito me encuentro que el Código Penal Federal establece lo siguiente sobre el delito de CONCUSIÓN:
Art. 218. Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley. Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Como se puede ver, si nosotros ya presentamos un escrito con los requisitos que marca el Código Fiscal en materia de garantía del interés fiscal, pagamos los gastos de ejecución y solicitamos lo que marca el artículo 99 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (donde obliga a la autoridad a darnos 10 días hábiles para subsanar cualquier omisión), no puede un ejecutor o su jefe pretender ejecutar un crédito fiscal por encima de lo que manda el Código Fiscal Federal.
Si nos encontramos ante esta situación ¿por qué no hacemos nada? Deberíamos acudir a levantar una denuncia a alguna agencia del Ministerio Público y aportar las pruebas, por que la autoridad no puede desconocer sus sellos ni mucho menos lo que establece el Reglamento del Código Fiscal de la Federación en materia de garantías cuya observancia para las autoridades fiscales debe ser OBLIGATORIA.
Mi respuesta a esta interrogante a título muy personal, es que no hago nada porque me da miedo que la autoridad o el funcionario público pueda ejercer algún tipo de represalia en contra de mi persona o mi actividad profesional o empresarial. ¿si no hago la denuncia soy un cobarde?, aunque vivimos en un régimen de derecho y de facultades expresas, sabemos que la ley no se va a aplicar de una manera correcta.
FIRMAS AUTOGRAFAS.
El instituto nacional del fondo de vivienda para los trabajadores (infonavit), tiene una práctica muy poco ética en materia de notificación de créditos. Generalmente los créditos que el infonavit notifica no tienen firma auténtica del funcionario competente, en su lugar encontramos una fotocopia (firma facsimilar) de una firma que suponemos es del funcionario competente.
Como práctica hace apenas unos días pedí a la Abogada de la oficina donde trabajo presentara una demanda argumentando la falta de firma auténtica como una causal de sobreseimiento o nulidad en contra de la resolución que se estaba combatiendo. Cuál sería nuestra sorpresa que cuando el infonavit contesta su demanda dice que en el acta de notificación la persona que firma acepta que le fué notificado un crédito “con firma auténtica” y que el promovente de la demanda no lo aportó.
¿Por qué el infonavit nos engaña? Me atrevo a decir que el infonavit nos engaña porque sabe que somos personas que no leemos antes de firmar algún documento. Hay que detenernos a leer lo que vamos a firmar, porque si no podemos ser sujetos a muchas arbitrariedades, si no estamos de acuerdo no debemos firmar, claro, muchas veces lo hacemos por que el notificador dice que si no firmamos no nos va a dejar la notificación. Es preferible que no la deje, o que la notifique por instructivo, considero que existirían más medios para defendernos.
IMSS.
El instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una manera muy sutil de introducirnos por medio de un acto ilegal a una obligación legal, que lejos de ser benévola nos deja en un estado de indefensión llamado “autocorrección”. La autocorrección la contempla el Reglamento de la Ley del Seguro Social mejor conocido como RACERF.
El instituto emite un documento sin observar ningún requisito en materia de notificación y lo lleva a la empresa o entidad que pretende revisar, lo entrega y solicita que al día siguiente se le proporcione una serie de documentos en sus oficinas. Cuando el contribuyente llega, los auditores que ahí se encuentran le solicitan elabore una “carta” donde relacione lo que va a entregar y la firme el contribuyente o su representante legal.
Si algún contribuyente haciendo caso al servidor público que lo “asesora” elabora una carta, el IMSS inmediatamente lo toma como una “autocorrección” que prevé el Reglamento y contra los resultados de la autocorrección “no existe ningún medio de defensa”, imagínense un acto ilegal nos coloca contra la pared.
Así puedo hablarles de más ejemplos de actos ilegales de la autoridad, podría llenar muchas más hojas de experiencias que he acumulado a lo largo de 19 años haciendo trámites.
Si queremos un mejor país para nuestros hijos no debemos tener miedo, admiro el aplomo y convicción de nuestro Presidente de la República, deberíamos tomar ese ejemplo todos los que somos mexicanos, los que no dependemos del sector público no debemos permitir que atropellen nuestro derechos y los que son servidores públicos no abusar de su condición, vivimos todos en la misma casa, pero cada quién jala para su lado, por eso es que la delincuencia, las drogas y todos los males de nuestra sociedad pueden entrar sin que sean exterminados, es triste saber que aunque somos todos mexicanos nunca vemos por los intereses comunes.
Yo me pregunto ¿qué sienten los servidores públicos cuando dejan su cargo y reciben los mismos abusos que ellos cometieron cuando estuvieron en su cargo?, ¿sentirán impotencia como nosotros?, ¿sentirán alegría al ver afectados sus derechos como mexicanos?
Nada es para siempre, ni nuestra apatía y temor por denunciar, ni nuestras ganas de seguir aguantando abusos, este año del bicentenario debemos hacer nuestra propia independencia y revolución con el intelecto, con nuestro valor como ciudadanos y con nuestra fe.
¡Yo si quiero un México mejor!
Hasta la próxima.
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