Silvino Vergara

De la caída del petróleo a la repatriación de capitales

“Ahora el Estado está vendiendo las
empresas públicas nacionales a cambio de nada,
o peor que nada, porque el que vende, paga.”

Eduardo Galeano

Ante las noticias de la caída del precio del petróleo, concretamente del barril de petróleo, (159 litros en cada barril) principal ingreso del Estado mexicano, es evidente que afectara a la actividad económica y, sobre todo, al desarrollo del país, por ende, la disminución de proyectos de infraestructura, del gasto corriente del Estado, es decir, sueldos, salarios y gastos, se verán severamente afectados. Aunado a que, la reforma energética permitirá que “otros” los asignados –porque el articulo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no permite que se denomine: “concesión”- empresas que logren contar con las autorizaciones suficientes para llevar a cabo las perforaciones en el territorio nacional para la extracción del denominado: “oro negro“, serán los beneficiarios de la recaudación petrolera en su momento, por ende, el Estado mexicano está severamente afectado en su recaudación, por lo cual surge la pegunta: ¿Qué hacer ante la disminución de los precios petroleros en el mundo? Existen muchas soluciones, respuestas que no son el aumento de contribuciones, sobre todo de los impuestos al consumo, como es el Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, posiblemente no se tenga la voluntad política de hacer uso de esas “otras” medidas, considerando que el poder económico –el de las grandes corporaciones transnacionales- hoy esta sobre el poder político de los Estados, y presiona para que se implementen políticas publicas a su modo, y no al modo de los Estados – Nación.

Una solución que bien funcionaría por medio de un decreto del que tiene facultades plenas el Presidente de México, -articulo 39 del Código Fiscal de la Federación- es realizar un programa de repatriación de capitales, es decir, permitir que aquellos mexicanos que llevaron su dinero fuera de territorio nacional, y que ahora se encuentra en países de baja imposición fiscal, como son las pequeñas islas del caribe, -protectorados de Gran Bretaña, uno de los principales persecutores, paradójicamente, del lavado de dinero- hoy no lo pueden invertir en México para proyectos productivos, pues representa ese regreso a territorio nacional de esos capitales el gravamen del Impuesto Sobre la Renta, por tanto, dicho dinero –efectivo a saber: dólares o euros- se encuentra en los bancos de esos micro países generando intereses para “ellos” y no para “nosotros”, no se puede ocupar en inversiones mexicanas debido a esa consecuencia impositiva, por ende, si se permitiera por medio de un programa de repatriación de capitales que se realizara con el pago de una cuota fija atendiendo a los montos, permitiría que se estimulara el regreso de ese dinero que bien hace falta en territorio nacional, hoy más que nunca por la baja del precio del barril de petróleo, y de las remesas. Es evidente que, mucho de ese dinero proviene de la corrupción, sin embargo, esos montos que han de ser excesivos están beneficiando a otros, desde luego, ni a los mismos propietarios de ese dinero.

La gran limitante para éstas medidas es el poder económico, que no tiene interés en aplicar estas soluciones para los Estados, lo que requiere es que, el dinero este concentrado en pocos lugares y desde luego, en pocas manos, esa política global de la que habla Daniel Estulín que denomina: “Hacía una sociedad sin dinero en efectivo” hoy, es una realidad. Bien sentenciaba Salvador Allende -21 de diciembre de 1970- en su discurso de la reforma constitucional chilena para nacionalizar la industria minera: “Conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria”. Pero, la duda es: ¿Estarán los gobiernos de América latina preparados para ello?

Silvino Vergara Nava

Silvino Vergara Nava

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Litigante en materia fiscal y administrativa. Profesor de Maestría en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
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Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Litigante en materia fiscal y administrativa. Profesor de Maestría en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

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